La Fundación Ciudadanía y Valores, a través del Observatorio de la Libertad de Expresión, ha llevado a cabo un pionero estudio en nuestro país titulado “Informe sobre la libertad de expresión en España”, que pretende conocer y valorar el ejercicio y la protección de este derecho fundamental acogiéndose a estándares básicos avalados por organizaciones internacionales como Freedom House o Reporteros sin fronteras.
El estudio merece una lectura sosegada y analítica dado su interés, y permite sacar varias conclusiones, muchas de ellas ya sospechadas por su vinculación con la realidad del sector.
La primera de ellas es que la nota más alta, un 9,9, la obtiene la libertad para crear páginas web, que refleja la facilidad con la que se puede trabajar en este campo, sin prácticamente ninguna interferencia. Sin embargo, en todo lo referente a las nuevas tecnologías, hay que destacar la lentitud de la Justicia a la hora de legislar, lo que puede provocar en ocasiones que los derechos queden desprotegidos.
Llama la atención igualmente la notable interferencia que existe aún de las comunidades autónomas, y por tanto de los políticos, en el ámbito de la comunicación en radio y televisión, tanto por la concesión de licencias como por la exigencia de publicación de determinados contenidos, por no mencionar las subvenciones que reciben muchos medios de comunicación de las que no se sabe cuantía, destinatario o fines.
Precisamente éste es uno de los puntos sobre los que más llaman la atención los autores del estudio, y será objeto de atención especial para el próximo año, señalando que “la solución a los problemas de la libertad de expresión ha de empezar por una limitación del poder político, que debe quitar sus manos de los medios de comunicación”.
Por último, cabe destacar los efectos de la crisis sobre los profesionales que trabajan en los medios. El cierre de muchos de ellos o la precariedad de la situación laboral en otros influye negativamente en la libertad de expresión y en la independencia profesional, pese a que este trabajo está regulado al más alto nivel por la Constitución.